Política

El Gobierno de Canarias resuelve la situación de las 358 familias de Añaza amenazadas con la pérdida de su vivienda

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, explicó hoy a las familias que el Ejecutivo invertirá 24,9 millones de euros en la compra de las viviendas

El Gobierno de Canarias y el Banco Santander han llegado a un acuerdo sobre el precio de venta de las 358 viviendas de protección oficial ubicadas en el barrio de Añaza por un montante de 24,9 millones de euros. El acuerdo ha sido comunicado hoy por el presidente del Ejecutivo canario, Fernando Clavijo, a las familias afectadas, en el transcurso de una reunión celebrada en Presidencia del Gobierno, en Santa Cruz de Tenerife.

Para facilitar la operación de compra-venta, ayer se aprobó en Consejo de Gobierno una ampliación de capital de Visocan por importe de 25.999.994,34 euros, con el fin de dotar a la entidad pública de fondos destinados a la adquisición y construcción de viviendas para ponerlas a disposición, en régimen de alquiler, de familias en situación precaria. A partir de ahora, será el Consejo de Administración de Visocan el que gestione los detalles de la operación, ya que las viviendas pasarán a ser explotadas por la entidad.

Con este acuerdo se ofrece una solución definitiva a la situación que fue expuesta por los vecinos de dos promociones de 179 viviendas ubicadas en el barrio de Añaza -en las que viven 358 núcleos familiares- calificadas como Viviendas de Protección Oficial (VPOs) de promoción privada en régimen de arrendamiento a 10 años, varios de los cuales habían recibido comunicación de lanzamiento.

El presidente del Gobierno, Fernando Clavijo, se congratuló por la buena disposición del banco a negociar “por debajo del precio tasado, 28,5 millones, y muy por debajo del precio máximo permitido para la compra de vivienda pública, que en este caso eran unos 36 millones de euros”. Asimismo, destacó la coordinación de las administraciones implicadas, Gobierno de Canarias, Cabildo de Tenerife y Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, que “ha permitido este acuerdo que se formalizará con la adquisición de las viviendas y su paso a titularidad pública”.

Fernando Clavijo señaló, además, que “queda un enorme trabajo que hacer en el que esa coordinación entre las tres administraciones va a ser fundamental junto con los vecinos y familias porque se va a revisar situación a situación y la casuística es muy variada”.

La consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, Cristina Valido, aseguró sentirse muy satisfecha con la solución encontrada para proporcionar una “seguridad habitacional y emocional a tantas familias que han visto alterado su día a día por el continuo vaivén de informaciones y el riesgo palpable de no poder hacer frente a sus alquileres”. Valido recordó que “este tipo de operaciones tiene que estar sustentado en el cumplimiento de la legalidad, por lo que en su momento pedimos calma y confianza en las gestiones que estábamos realizando para que estas llegaran a buen puerto, como finalmente ha sido. Ahora, tenemos que pedirles, de nuevo, un poco más de tiempo para el resto de los pasos jurídicamente necesarios para el buen fin de la transmisión de las viviendas”.

La directora del Instituto Canario de la Vivienda, Pino de León, explicó que este organismo ha impulsado un grupo de trabajo con el Ayuntamiento y Visocan para analizar junto con el banco todas las situaciones de las familias que ocupan las viviendas en cuanto a la subrogación de los contratos de arrendamiento y la regulación de todas las situaciones.

Por su parte, el presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso, puso en valor “el trabajo coordinado de los vecinos y también la aportación de los medios de comunicación que han priorizado este tema en la actualidad informativa que junto a las administraciones se ha logrado un final feliz para todo este proceso. La implicación del ayuntamiento ha sido muy importante junto al Gobierno de Canarias que ha rematado la operación haciendo posible que estas viviendas a queden en el parque público de viviendas de alquiler para que todas estas personas puedan desarrollar su proyecto de vida sin incertidumbres”.

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, agradeció hoy al Gobierno de Canarias sus gestiones para dar una solución definitiva a los afectados “a través de un procedimiento de compra que nunca es sencillo tramitar para una administración pública”. A este respecto, indicó que el Ejecutivo autónomo “ha hecho lo que tenía que hacer” al igual que el Cabildo y el propio Ayuntamiento, en defensa de los derechos de unos vecinos que se veían abocados a un desahucio injusto.

Una vez conocida, a principios de octubre, la situación en que se encontraban las viviendas de Añaza, se inició un trabajo conjunto entre el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, el Cabildo Insular de Tenerife y el Gobierno de Canarias, a través de la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, con el fin de asegurar que ninguna de estas familias fuera expulsada de su hogar.

Desde un primer momento, el Gobierno de Canarias, a través del Instituto Canario de la Vivienda, remitió diversos escritos al Banco Santander, en los que se instó a la entidad a aclarar la situación creada e informar si se había transmitido a sus arrendatarios la propiedad de alguna de las viviendas correspondientes a las dos promociones.

RP viviendas AñazaREUNIÓN TEMA VIVIENDAS DE AÑAZA

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